ASESORIA GARCIA LOPEZ

APOYO A LOS EMPRENDEDORES

2011-12-09T02:48:00.001-08:00

Siguen las incertidumbres y las malas perspectivas a corto y medio plazo no solo en España, sino en toda la zona Euro. Lejos de cerrarse con la solución parcial al problema griego, parece que se amplía el número de países sospechosos de no ser capaces de devolver su deuda, a Italia, España e incluso Francia.

El cambio de Gobierno recientemente votado en España marca un punto de inflexión en nuestro país y habrá que ver si tiene el margen de maniobra suficiente para tomar medidas independientes, para hacer frente a la crisis. El apoyo a la pequeña y mediana empresa, verdadera columna vertebral de nuestra economía, ha de ser uno de los puntos fuertes del nuevo Gobierno, con medidas de fomento de la inversión y la contratación, junto un marco claro y sencillo, diferente del que puede ser aplicable para las grandes empresas.

El apoyo a los emprendedores y a las nuevas ideas de inversión también debe ser uno de los temas a tratar por el nuevo Gobierno. Facilitar un acceso a la financiación de nuevos proyectos y establecer un marco especial de contratación y fiscalidad para nuevas empresas podría ayudar al impulso del empleo. Desde nuestro despacho recibimos emprendedores con ganas de contratar personas en paro, de arriesgar su patrimonio para sacar su idea adelante, en lugar de esperar que la crisis se acabe. En momentos como el actual hay que ponerse de su lado.

Jose A. García
ASESORIA GARCIA LOPEZ

VUELVE EL IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO

2011-09-20T05:14:00.000-07:00

Finalmente se ha aprobado el regreso del Impuesto sobre el Patrimonio, a los pocos años de ser eliminado en la práctica por el propio Gobierno actual.

Habría que analizar qué criterio ha prevalecido en el momento de decidir esta vuelta al pasado, si las necesidades de reducir el déficit fiscal o la cercanía de las elecciones del 20-N. En cualquier caso la falta de pronunciamiento de “los ricos” sobre su voluntad de pagar más impuestos, como ha sucedido en Francia o Estados Unidos, puede haber llevado al Gobierno a tomar la iniciativa de subir los impuestos.

Finalmente el límite para obligar a pagar el Impuesto sobre Patrimonio queda en 700.000 euros, aparte del límite de 300.000 euros de la vivienda habitual, con lo que se habrá eliminado cerca del 90% de los antiguos contribuyentes del Patrimonio, según algunos cálculos que maneja la Administración Tributaria. Ello significaría que entre 80.000 y 150.000 contribuyentes se verían sometidon al impuesto, menos del 1% de la población, por lo que parece que el impuesto se dirigiría a clases altas o al menos medio-altas.

Lo que habrá que ver es si los grandes contribuyentes, aquellos que tienen estructuras societarias, en muchas ocasiones en paraísos fiscales, son objeto del impuesto o quedará solo para contribuyentes con patrimonio sin sociedades intermedias.

Otro tema que traerá consecuencias en los próximos meses será la capacidad de las Comunidades Autónomas de no aplicar esta medida, tal y como han anunciado que harán algunas, lo que puede llevar al desplazamiento ficticio de residencias fiscales.

Por último habrá que ver si la tributación será aplicable solo para 2011 y 2012 o se alargará en el tiempo, como sucedió en su momento con el llamado Impuesto “extraordinario” sobre el Patrimonio a finales de los 70.

Desde nuestro Despacho solo queda analizar la tributación adecuada para aquellos clientes que se puedan ver afectados por esta medida, lamentando la dificultad de tener una planificación fiscal a nivel patrimonial a medio y largo plazo, ante lo cambiante de las normas.

Jose A. García
ASESORIA GARCIA LOPEZ

RECLAMACION POR DEUDAS VENCIDAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

2011-06-09T00:24:00.000-07:00

La Ley 15/2010, introdujo una importante modificación del artículo 200.4 de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público (LCSP):

“4. La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de la expedición de las certificaciones de obras o de los correspondientes documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato, sin perjuicio del plazo especial establecido en el artículo 205.4, y, si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días, los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Cuando no proceda la expedición de certificación de obra y la fecha de recibo de la factura o solicitud de pago equivalente se preste a duda o sea anterior a la recepción de las mercancías o a la prestación de los servicios, el plazo de treinta días se contará desde dicha fecha de recepción o prestación.”

Asimismo introdujo el siguiente artículo 200 bis LSCP:

“Transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 200.4 de esta Ley, los contratistas podrán reclamar por escrito a la Administración contratante el cumplimiento de la obligación de pago y, en su caso, de los intereses de demora. Si, transcurrido el plazo de un mes, la Administración no hubiera contestado, se entenderá reconocido el vencimiento del plazo de pago y los interesados podrán formular recurso contencioso-administrativo contra la inactividad de la Administración, pudiendo solicitar como medida cautelar el pago inmediato de la deuda. El órgano judicial adoptará la medida cautelar, salvo que la Administración acredite que no concurren las circunstancias que justifican el pago o que la cuantía reclamada no corresponde a la que es exigible, en cuyo caso la medida cautelar se limitará a esta última. La sentencia condenará en costas a la Administración demandada en el caso de estimación total de la pretensión de cobro.”

Lo que se desprende de estos preceptos es muy relevante, porque ante el silencio administrativo de un mes, en relación con una reclamación de pago, dirigida a las Administraciones Públicas, no sólo se puede formular recurso contencioso-administrativo, sino además solicitar como medida cautelar el pago inmediato de la deuda. Por tanto, las novedades legislativas introducidas por la Ley 15/2010 resultan muy significativas:

- La Administración debe contestar expresamente la reclamación en el plazo de un mes, lo que supone una reducción sustancial del plazo de silencio administrativo en materia de pago de obligaciones contractuales (anteriormente el plazo era de 3 meses).

- En caso de silencio de la Administración, se entenderá reconocida la deuda y el vencimiento del plazo de pago (“principio monitorio” aplicable a las reclamaciones administrativas). En este caso, se podrá interponer directamente un recurso contencioso- administrativo y se podrá solicitar como medida cautelar el pago inmediato de la deuda.

- La Administración sólo se podrá oponer a la medida cautelar si demuestra que no debe nada o que lo que se pide difiere de lo debido.

- A la reclamación se une el derecho a una indemnización por cobro de un máximo del 15% de la deuda y las costas judiciales (en caso de estimación total de las pretensiones).

- Una vez el juez o tribunal ha determinado la cuantía total a pagar, se abre el trámite definitivo de ejecución.

Las Administraciones afectadas, son las que establece el nuevo artículo 2.b) de la Ley de Morosidad:

b) Administración, a los entes, organismos y entidades que forman parte del sector público, de acuerdo con el artículo 3.3 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

A estos efectos, el artículo 3.3 de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público, dice:

3. Se considerarán poderes adjudicadores, a efectos de esta Ley, los siguientes entes, organismos y entidades:

a. Las Administraciones Públicas.

b. Todos los demás entes, organismos o entidades con personalidad jurídica propia distintos de los expresados en la letra a) que hayan sido creados específicamente para satisfacer necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o mercantil, siempre que uno o varios sujetos que deban considerarse poder adjudicador de acuerdo con los criterios de este apartado 3 financien mayoritariamente su actividad, controlen su gestión, o nombren a más de la mitad de los miembros de su órgano de administración, dirección o vigilancia.

c. Las asociaciones constituidas por los entes, organismos y entidades mencionados en las letras anteriores.

Es importante tener en cuenta que el artículo 3.3 b) de la Ley de Contratos del Sector Público excluye a las entidades de carácter industrial o mercantil, supuesto, este último que alude singularmente a las empresas públicas.

La ley establece claramente cuáles han de ser los plazos de pago que deben respetar las Administraciones Públicas, desde su entrada en vigor (07/07/2010):

2010	55 días
2011	50 días
2012	40 días
2013	30 días

Cabe destacar que el incumplimiento del pago en los plazos establecidos por la Ley conlleva el obligado pago de interés legal de demora, que en la actualidad es del 8% (para el primer semestre natural de 2011), según la Resolución de 28 de diciembre de 2010, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se publica el tipo legal de interés de demora aplicable a las operaciones comerciales durante el primer semestre natural del año 2011.

La cuestión que inmediatamente se plantea consiste en determinar cuáles son los casos a los que se aplica la nueva normativa. En este sentido, la debemos tener en cuenta que la Ley 15/2010 entró en vigor el día 7 de julio de 2010 y su Disposición Transitoria Primera deja muy claro que “Esta Ley será de aplicación a todos los contratos celebrados con posterioridad a su entrada en vigor. En consecuencia, como regla general los contratos celebrados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley, se regirán también por la legislación anterior y especialmente por la Ley 3/2004.

Por lo que se refiere al procedimiento de reclamación, la doctrina mayoritaria se inclina por la tesis de que el nuevo procedimiento previsto en el art. 200 bis LCSP sería de aplicación en todas aquellas reclamaciones de deuda que se inicien con posterioridad a la entrada en vigor la Ley 15/2010, con independencia de que los derechos que se hagan valer a través de esas reclamaciones tengan su origen en contratos firmados previamente a esa entrada en vigor y se rijan, por tanto, por la legislación precedente. La aplicabilidad del nuevo procedimiento supone, naturalmente, la aplicación íntegra del mismo, tanto en lo que se refiere al valor probatorio de la falta de respuesta de la Administración, de conformidad con la Jurisprudencia citada; como respecto a las medidas cautelares.

En consecuencia, este procedimiento:

- Solo puede utilizarse para deudas vencidas y exigibles (igual que el procedimiento monitorio)

- El procedimiento es, en principio, aplicable incluso a las deudas anteriores a julio de 2010.

- Para iniciar el procedimiento se debe interponer una solicitud de reclamación previa a la vía contencioso-administrativa.

- Si la Administración no responde, acto seguido se deberá interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado o Tribunal correspondiente (según cuál sea la Administración demandada).

Desde este Despacho estamos iniciando los primeros procedimientos de reclamación, confiando que los Tribunales aplican la normativa vigente, aún en situaciones como la actual.

Enrique J. García Rodríguez

EL GOBIERNO PROHÍBE EL EJERCICIO LIBERAL A LOS JUBILADOS EN LOS REGÍMENES PÚBLICOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

2011-05-31T06:44:00.001-07:00

El Ministerio de Trabajo e Inmigración ha emitido una Orden Ministerial de 23 de mayo de 2011 (Orden TIN/1362/2011), por la cual declara incompatible el ejercicio por cuenta propia de una profesión con la percepción de una pensión de jubilación del sistema de la Seguridad Social. Hasta ahora los jubilados de la Seguridad Social, podían compatibilizar el percibo de su pensión pública con el trabajo como profesional libre.

Esta incompatibilidad afecta tanto a las personas que hayan cotizado en el Régimen General de la Seguridad Social, como a los que lo hayan hecho en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). A partir de ahora, estos autónomos no podrán seguir ejerciendo la profesión si, a su vez, perciben la prestación de jubilación de esos sistemas. Para ejercerla, tendrán que aplazar el cobro de la pensión pública, en una clara medida, por parte de la Seguridad Social, de ahorrarse estos costes.

Por lo tanto, todos aquellos profesionales que están afiliados a algún régimen de Seguridad Social y que pensaban complementar la pensión de la Seguridad Social trabajando aunque sea parcialmente, porque estaban dados de alta en una Mutualidad, ya no podrán hacerlo.

La Orden Ministerial deja totalmente al margen a aquellos profesionales que hubieran optado por una Mutualidad como único sistema de previsión, éstos podrán seguir ejerciendo libremente mientras perciben la prestación de jubilación de su Mutualidad, ya que se trata de un régimen privado.

La Orden Ministerial entrará en vigor el 1 de julio de 2011 y prevé que los profesionales que en el momento de la entrada en vigor de la misma, ya están cobrando su pensión de la Seguridad Social podrán ejercer la profesión cotizando a una Mutualidad, y por tanto podrán seguir ejerciendo.

La Mutualidad de la Abogacía ya ha anunciado que recurrirá la Orden Ministerial.

Enrique J. García Rodríguez

EFICACIA DEL PROCESO MONITORIO

2011-03-08T23:53:00.000-08:00

EFICACIA DEL PROCESO MONITORIO PARA EL RECOBRO DE DEUDAS

La crisis en la que se encuentra inmersa la economía global, y en especial la española, ha hecho que un novedoso procedimiento judicial creado a partir de la entrada en vigor de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, el Procedimiento Monitorio, sea el proceso civil más frecuentemente utilizado para el cobro de las deudas.

El hecho que sea un proceso relativamente nuevo y el elevado número de demandas presentadas en nuestros juzgados, ha hecho que no sea tan eficaz como se preveía en un principio.

El monitorio ha funcionado correctamente en países como Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Portugal, entre otros e incluso fuera de nuestras fronteras europeas, en países como Perú, Brasil y Uruguay. El 28 de Diciembre de 2.008 entró en vigor el Reglamento Comunitario 1896/2006 que aprueba el llamado Juicio Monitorio Europeo. Conforme a esta normativa, el acreedor comunitario puede solicitar a la autoridad judicial competente que requiera de pago, cualquiera que sea la cuantía, al deudor establecido en otro estado miembro de la UE. Dos años después de su entrada en vigor, puede observarse que en la práctica tiene mejor acogida el procedimiento monitorio a nivel nacional que el monitorio europeo.

En España, a pesar de ser uno de los procedimientos más utilizados, le faltaría que los jueces terminaran de unificar criterios, así pues en un Juzgado admiten la presentación de la demanda firmada por un apoderado de la empresa y en otro Juzgado te la inadmiten a trámite por ese mismo hecho.

Una de las preguntas que nos plantean los clientes cuando deciden iniciar un proceso monitorio es ¿Cuándo podré cobrar? Como en todo procedimiento judicial, no se puede prever a ciencia exacta cual será el resultado final, así pues si el deudor se declara en concurso, como suele ocurrir en muchos casos, el cobro de la deuda se resolverá por el procedimiento concursal. Otra peculiaridad del monitorio, es que no cabe la comunicación al deudor mediante edictos, muchas veces se archivan las actuaciones porque no se consigue localizar al deudor.

Además debido al gran volumen de demandas que entran cada día en nuestros Juzgados, los plazos legalmente establecidos para el proceso monitorio no se cumplen estrictamente, pudiendo variar desde unos pocos meses a más de un año, en función de la carga de trabajo de cada Juzgado, por lo que por el simple transcurso del tiempo el deudor puede haber presentado la solicitud del concurso debido al empeoramiento de su situación financiera.

No pretendemos, desde nuestra modestia opinión, hacer una crítica destructiva al funcionamiento de la justicia de nuestro país, sino todo lo contrario, el hecho que el monitorio sea uno de los procedimientos con mayor presencia en el día a día de los Juzgados, hará que poco a poco se vayan unificando criterios y sea más rápido poder cobrar las deudas.

M. del Mar Cugat

MAYOR CONTROL POR LA ADMINISTRACION

2011-03-07T14:14:00.000-08:00

MAS CONTROL

Durante este mes de marzo debe presentarse la declaración anual de operaciones con clientes y proveedores, por importes superiores a 3005,06 euros en el pasado ejercicio. Este es uno más de los controles que viene realizando la Administración Tributaria, a fin de reforzar su lucha contra el fraude fiscal.

Ya desde años anteriores debe incluirse en esta declaración las operaciones realizadas en efectivo por importe superior a 6.000 euros, a fin de controlar este tipo de operaciones.

Adicionalmente en los últimos tiempos se ha incrementado las obligaciones de información a Hacienda, debiendo facilitar las entidades bancarias datos sobre las operaciones realizadas a través de tarjeta de crédito o débito, los ingresos o disposiciones superiores a 3.000 euros, o los datos de consumo eléctrico, que deben entregar las compañías eléctricas, a fin de detectar ingresos no declarados por arrendamientos.

Aunque ya las empresas con devolución mensual de IVA están obligadas a facilitar telemáticamente los libros registro de facturas emitidas y recibidas, la implantación de este sistema para todas las sociedades, previsiblemente a partir de 2012, dotará a la Administración Tributaria de nuevas armas para el control de los datos declarados. No obstante está por ver si esta medida se aplicará finalmente, pues ya fue retrasada en 2010, dada la obligación de adaptar el programa informático, con el consiguiente coste para las empresas, especialmente las pequeñas, en un momento económico como el actual.

Por otra parte sigue en curso la campaña de inspección “a pie de calle” anunciada por la Administración para la lucha de la economía sumergida. La pérdida de recaudación por la menor actividad económica está llevando asimismo a una intensificación de las comprobaciones por la Agencia Tributaria en materia como las exenciones por reinversión de vivienda habitual o la deducción de gastos de actividades empresariales y profesional, con una restricción extrema de los gastos deducibles, por lo que aconsejamos verificar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.